La Comisión ha estado conmigo irreprochablemente amable. En el
fondo, la diligencia ha carecido de interés, porque casi todos los
papeles de que se ha incautado la policía son de índole privada. El
archivo político y diplomático de mi padre debió de ser guardado
por él antes de morir en lugar diferente de su domicilio. Claro está
que quien conoció durante seis años los graves deberes de la
jefatura del Gobierno no iba a cometer la indiscreción. incluso con
posible daño para el interés público y para la armonía
internacional, de dejar abierto su archivo a la nerviosa curiosidad de
estos tiempos. Durante el mes que mi padre estuvo en París pidió a
determinadas personas que le llevasen algunos documentos, lo que
hicieron en varias maletas. Aunque desconozco dichos documentos, casi
puedo asegurar que se trataba de correspondencia sostenida con Don
Alfonso de Borbón. Las cartas cruzadas entre el Señor y mi padre no
están aquí, naturalmente.
– Y esos documentos políticos y diplomáticos, ¿se publicarán
algún día?
– Desde luego –contestó–; aunque pese a muchas personas,
incluso a las que ahora acusan ferozmente a la Dictadura. Esos
documentos se deben a la Historia, y en su día debido se entregarán
a la Historia.
– ¿Ha hecho usted constar alguna respuesta?
– No. Pero sí un ruego, que reproduciré cuantas veces haga
falta con toda energía: el de que se sentencie pronto y con toda
claridad acerca de los "negocios e inmoralidades" de la
Dictadura. Nada de limitarse a las responsabilidades políticas.
Después de un año y medio insultando a los hombres de la Dictadura,
los acusadores están en el deber de probar sus cargos. O si no los
prueban, de devolver a los acusados su honra.
La Nación, 22 de septiembre de1931.