Desde hace varias semanas viene discutiéndose en la Academia de Jurisprudencia un tema, designado con el epígrafe –no muy elegante por cierto– de "La constitución que precisa España".

El nombre sonoro de Academia, con que la institución se adorna, parecería prometer altura en la controversia. El derecho público es una ciencia con su método y su bibliografía. En el cultivo de ella –como en el de toda ciencia– es indispensable la serenidad e inadmisible la improvisación.

No obstante, el debate académico a que aludimos viene desenvolviéndose, según nuestras referencias, en el más democrático plano de alegría. Allí, cada señor luce los recursos naturales con que le dotó la providencial magnificencia, y desdeña los vulgares caminos del estudio, reservado, sin duda, para gente mediocre. Un pueblo tan virtuosamente rico en oradores como el nuestro no necesita consumir sus fuerzas en las rutinas de la investigación.

Claro que, en conjunto, el torneo académico de los supuestos jurisperitos podría compararse con una reunión pública de profanos, llamados a decidir sobre los remedios contra el cáncer, en la cual los aplausos se otorgan, por ejemplo, en proporción a la estatura del orador. No muy distinto criterio siguen los académicos de Jurisprudencia cuando disciernen sus aprobaciones con arreglo al color político de quienes hablan, no a la profundidad de lo que dicen.

Con todo, no van a ser estériles en resultados las sesiones. Por lo menos vamos a comprobar que lo primero que precisa España es que cada cual, dentro de su profesión, estudie.