El Estado liberal no cree en nada, ni siquiera en sí mismo. EI Estado liberal permite que todo se ponga en duda, incluso la conveniencia de que él mismo exista.Para el gobernante liberal, tan lícita es la doctrina de que el Estado debe ser sustituido. Es decir, que puesto a la cabeza de un Estado hecho, no cree ni siquiera en la bondad, en la justicia, en la conveniencia del Estado ese. Tal un capitán de navío que no estuviera seguro de si es mejor la arribada 0 el naufragio. La actitud liberal es una manera de tomar a broma el propio destino; con ello es lícito encaramarse a los puestos de mando sin creer siquiera en que debe haber puesto de mando ni sentir que obliguen a nada, ni aun a defenderlos.

Sólo hay una limitación: la Ley. Eso sí; puede intentarse la destrucción de todo lo existente, pero sin salirse de las formas legales. Ahora que, ¿qué es la Ley? Tampoco ningún concepto referido a principios constantes. La Ley es la expresión de la voluntad soberana del pueblo; prácticamente, de la mayoría electoral.

De ahí dos notas:

Primera. La Ley –el Derecho– no se justifica para el liberalismo por su fin, sino por su origen. Las escuelas que persiguen como meta permanente el bien público consideran buena ley la que se pone al servicio de tal fin, y mala ley, la promulgue quien la promulgue, la que se aparta de tal fin. La escuela democrática –ya la democracia es la forma en que se siente mejor expresado el pensamiento liberal– estima que una Ley es buena y legítima si ha logrado la aquiescencia de la mayoría de los sufragios, así contenga en sus preceptos las atrocidades mayores.

Segunda. Lo justo para el liberalismo no es una categoría de razón, sino un producto de voluntad. No hay nada justo por sí mismo. Falta una norma de valoración a que referir, para aquilatar su justicia, cada precepto que se promulgue. Basta con encontrar los votos que lo abonen.

Todo ello se expresa en una sola frase: "El pueblo es soberano". Soberano; es decir, investido de la virtud de autojustificar sus decisiones. Las decisiones del pueblo son buenas por el hecho de ser suyas. Los teóricos del absolutismo real habían dicho: Quod principi placuit, legem habet vigorem. Había de llegar un momento en que los teóricos de la democracia dijeran: "Hace falta que haya en las sociedades cierta Autoridad que no necesite tener razón para validar sus actos; esta autoridad no está más que en el pueblo." Son palabras de Jurieu, uno de los precursores de Rousseau.

El Estado Liberal –el Estado sin fe, encogido de hombros– escribió en el frontispicio de su templo tres bellas palabras: Libertad, Igualdad, Fraternidad. Pero bajo su signo no florece ninguna de las tres.

La libertad no puede vivir sin el amparo de un principio fuerte, permanente. Cuando los principios cambian con los vaivenes de la opinión, sólo hay libertad para los acordes con la mayoría. Las minorías están llamadas a sufrir y callar. Todavía bajo los tiranos medievales quedaba a las víctimas el consuelo de saberse tiranizadas. El tirano podría oprimir, pero los materialmente oprimidos no dejaban por eso de tener razón contra el tirano. Sobre las cabezas de tiranos y súbditos estaban escritas palabras eternas, que daban a cada cual su razón. Bajo el Estado democrático, no: la Ley –no el Estado, sino la Ley, voluntad presunta de los más– tiene siempre razón. Así, el oprimido, sobre serlo, puede ser tachado de díscolo peligroso si moteja de injusta la Ley. Ni esa libertad le queda.

Por eso ha tachado Duguit de error nefasto la creencia de que un pueblo ha conquistado su libertad el día mismo en que proclama el dogma de la soberanía nacional y acepta la universalidad del sufragio. ¡Cuidado –dice– con sustituir el despotismo de los reyes por el absolutismo democrático! Hay que tomar contra el despotismo de las asambleas populares precauciones más enérgicas quizá que las establecidas contra el despotismo de los reyes. "Una cosa injusta sigue siéndolo aunque sea ordenada por el pueblo y sus representantes, igual que si hubiera sido ordenada por un príncipe. Con el dogma de la soberanía popular hay demasiada inclinación a olvidarlo.

Así concluye la Libertad bajo el imperio de las mayorías y la Igualdad. Por de pronto, no hay igualdad entre el partido dominante, que legisla a su gusto, y el resto de los ciudadanos que lo soportan. Más todavía: produce el Estado liberal una desigualdad más profunda: la económica. Puestos, teóricamente, el obrero y el capitalista en la misma situación de libertad para contratar el trabajo, el obrero acaba por ser esclavizado al capitalista. Claro que éste no obliga a aquél a aceptar por la fuerza unas condiciones de trabajo, pero le sitia por hambre, le brinda unas ofertas que en teoría el obrero es libre de rechazar, pero si las rechaza no come, y al cabo tiene que aceptarlas. Así trajo el liberalismo la acumulación de capitales y la proletarización de masas enormes. Para defensa de los oprimidos por la tiranía económica de los poderosos hubo de ponerse en movimiento algo tan antiliberal como es el socialismo.

Y, por último, se rompe en pedazos la Fraternidad. Como el sistema democrático funciona sobre el régimen de las mayorías, es preciso, si se quiere triunfar dentro de él, ganar la mayoría a toda costa. Cualesquiera armas son lícitas para el propósito; si con ello se logra arrancar unos votos al 1 adversario, bien está difamar de mala fe sus palabras. Para que haya minoría y mayoría tiene que haber por necesidad división. Para disgregar el partido contrario tiene que haber por necesidad odio. División y odio son incompatibles con la Fraternidad. Y así los miembros de un mismo pueblo dejan de sentirse de un todo superior, de una alta unidad histórica que a todos los abraza. El patrio solar se convierte en mero campo de lucha, donde procuran desplazarse dos –o muchos– bandos contendientes, cada uno de los cuales recibe la consigna de una voz sectaria, mientras la voz entrañable de la tierra común, que debiera llamarlos a todos, parece haber enmudecido.

Todas las aspiraciones del nuevo Estado podrían resumiese en una palabra: Unidad. La Patria es una totalidad histórica, donde todos nos fundimos, superior a cada uno de nuestros grupos. En homenaje a esa unidad han de plegarse clases o individuos. Y la construcción deberá apoyarse en estos dos principios:

Primero. En cuanto a su fin, el Estado habrá de ser instrumento puesto al servicio de aquella Unidad, en la que tiene que creer. Nada que se oponga a tan entrañable trascendente Unidad debe ser recibido como bueno, sean muchos o pocos los que lo proclamen.

Segundo. En cuanto a su forma, el Estado no puede asentarse sino sobre un régimen de solidaridad nacional, de cooperación animosa y fraterna. La lucha de clases, la pugna enconada de partidos, son incompatibles con la visión del Estado.

La edificación de una nueva política en que ambos principios se compaginen es la tarea que ha asignado la Historia a la generación de nuestro tiempo.