El señor PRIMO DE RIVERA:

Se ha dicho, señores diputados, que el asunto que estamos discutiendo es el proceso del régimen; yo en esto no tengo por qué meterme; lo que sí debo decir y digo es que este debate lo que pone de manifiesto, desde sus antecedentes, desde su planteamiento y al través de su desarrollo, es que no existe el Estado español; nada menos que esto.

Si el Estado español existiera en proceso de formación revolucionaria y reciente, como es el Estado español implantado el 14 de abril, este Estado español, consciente de su íntima razón de existencia; este Estado español impetuoso, exuberante, ante un ataque como el que se desencadenó contra él el día 6 de octubre de 1934, hubiese llegado incluso a adoptar resoluciones trágicas. Si a los cuatro días o los seis días del 6 de octubre de 1934 el Estado español, considerando a don Manuel Azaña representante de un sentido opuesto e incompatible con el propio Estado, le hubiera hecho fusilar por un piquete, es muy posible que hubiese cometido una injusticia penal, pero es evidente que hubiera servido una justicia histórica.

La justicia histórica se administra así. Nunca en la historia se ha fusilado a nadie por una malicia personal; un Estado fuerte, un Estado seguro de su explicación vital, de su razón de existencia, ha procedido inexorable y trágicamente con quienes representaban el sentido contrario al suyo, incompatible con el suyo. Si cuando estalló la revolución en Asturias se hubiese considerado por el Estado español que don Manuel Azaña tenía un vínculo con aquella revolución, sin el cual acaso la revolución no hubiera llegado a desencadenarse, el Estado español también podría haber hecho comparecer al señor Azaña ante un piquete, y le podría contar en estos instantes entre los muertos.

Esto podía haber hecho el Estado español, y esto exigía al Estado español una masa fuerte que le apoya, una masa fuerte más o menos expresada en la forma actual en que el Estado español cristaliza; pero el Estado español no existe, no se ha atrevido a hacer nada de eso: ha ido escalonando las responsabilidades del señor Azaña para situarlas cada vez sobre una trinchera de repliegue un poco más atrás, en una actitud un poco más tibia, un poco más vacilante y un poco más cobarde.

Se nos dijo pronto que el señor Azaña no tenía nada que ver con la rebelión de la Generalidad de Cataluña; es decir, con lo más grave de todo lo que ocurrió el 6 de octubre; se le declaró inocente de eso, y se nos dijo que ya sobre tal supuesto no había que hablar; ahora, de lo que sí había que hablar era de que el señor Azaña estaba ligado, al través del asunto del alijo, con el intento de rebelión en Asturias. Pero se incoa un sumario que va encaminado a descubrir las ligaduras del señor Azaña con la rebelión de Asturias al través del alijo, y este sumario produce el resultado, verdaderamente propicio al asombro, de que cuando se trae aquí no encarta al señor Azaña porque, en efecto, en los folios sumariales se haya descubierto su relación con los rebeldes de Asturias, sino porque ha producido la venturosa e inesperada contingencia de descubrirnos que el señor Azaña, si bien tampoco tenía nada que ver con los rebeldes de Asturias, sí cometió ciertos actos, allá por el año 1932, que ponían a España en peligro de que se le declarase una guerra,

Imagine cualquiera de los señores diputados que en vez encontrarse eso, que tiene un cierto carácter público, se hubiera descubierto que el señor Azaña, no en 1932, sino en 1928, hubiera escrito unas novelas pornográficas. En este instante, el sumario, de no sé si tres mil y pico de folios, estaría sirviendo de fundamento a una acusación para llevar al señor Azaña ante el Tribunal de Garantías Constitucionales por haber ofendido la moral pública con unas novelas licenciosas. El sumario ha producido esto: un resultado inesperado, un resultado incongruente con lo que dio lugar a que se instruyera. Si el Estado español siguiera existiendo; si el Estado español existiera, caso de haberse descubierto lo de las novelas pornográficas, o que el señor Azaña dispuso de aquellas cuarenta mil pesetas para sus gastos personales más o menos acertado, haber movido aquí toda esa discusión; y yo, que me siento libre del más pequeño vínculo con el señor Azaña, no tendría por qué asomarse aquí ni hacer este reproche; el señor Azaña iría ante el Tribunal de Garantías o ante cualquier Tribunal competente, sería condenado, ingresaría en la cárcel y todo se reduciría a una peripecia personal. Pero da la casualidad de que lo que ha descubierto el señor Alarcón no es nada personal, innocuo, como sería haber escrito unas novelas pornográficas, sino que es nada menos que esto: que el señor Azaña, sino el jefe del Gobierno español, el Gobierno español, en el año 1932 y en el 1933, se puso a maquinar en un sentido capaz de determinar, a la larga, que la República dé Portugal nos declarase la guerra; se puso a favorecer unos intentos de rebelión política en la República de Portugal. Y el hecho de que este debate se haya desarrollado aquí sin que nadie ponga su dedo sobre tal circunstancia, demuestra que ni el Estado español existe, ni esta Cámara se arrepiente un solo día de ser un constante vivero de desatinos. Y yo, que soy el que tiene menos autoridad de todos, y el que tiene, por ahora, al parecer, menos responsabilidad política, os digo que sólo ante contingencia de que algún día pueda recaer sobre mí alguna responsabilidad pública, si me preguntan que si el señor Azaña favoreció la rebelión de Portugal, diré que no, aunque de los tres mil folios del sumario se demuestra que sí, juraré que no, y todos los diputados tendremos que jurar que no, porque no se ha visto en el mundo que en una Cámara legislativa se lance al público de Europa, a los cuatro vientos de Europa, esto de que el Gobierno español, el Gobierno español ha estado maquinando en 1932 o en 1933 contra la seguridad de un Estado vecino.

Todavía estamos a tiempo, porque hasta ahora quienes lo han dicho han formulado unas opiniones personales, y quienes han leído párrafos de un periódico portugués nos han traído una opinión personal portuguesa; pero si esta propuesta de acusación prospera y se forma la Comisión de los veintiún diputados, y por los trámites de las proposiciones de ley se convierte esta proposición en una ley de la República, una ley de la República votada por sus Cortes. declarará ante el mundo, sin disensión posible, que el Gobierno del Estado español ha estado conspirando contra la seguridad de un Estado vecino mediante la subvención a sus revolucionarios. Yo no comprendo que pueda pasar por mentes de políticos humanos semejante insensatez, y mirad si puedo decirlo, y lo digo con razón, que ninguno de vosotros, teniendo todos más autoridad que yo, se atreve a contradecirme. Si fuéramos a hurgar entre los folios de los archivos del Ministerio de Estado, ¿íbamos ahora a poner de relieve si en tal o cual ocasión España faltó a tal deber de neutralidad, o si en tal ocasión, por razones políticas, azuzó el desenvolvimiento de tal o cual partido en una nación frontera? Esto ocurre en toda la política secreta internacional de todas las potencias del mundo. Pero no por solidaridad de régimen, sino por un sentido de continuidad del Estado, no se le ocurre a nadie convertir tal cosa, no en una charla de un debate más o menos animado, sino en una ley de la República española que se lleve a la Gaceta, para que sobre ella, al día siguiente, sin necesidad de más, pueda venir la República portuguesa a exigimos daños y perjuicios por todos los que causaron sus revolucionarios auxiliados por nuestro Gobierno. (Muy bien.)

Claro que todo esto lo han pasado todos por encima, porque lo que ha estado en juego aquí –y hay que decir las cosas por sus nombres–, decir las cosas por sus nombres no implica nada de menosprecio para quienes las hicieron; se ha pasado por alto esta observación elemental, porque aquí, como en todos estos procesos, como en todos estos debates, lo que se mueve es simplemente una controversia política –y cuando digo una controversia política no es en son de vituperio–, como se movió una controversia política en aquellos famosos, absurdos procesos de responsabilidad en los cuales me cupo el honor de defender a alguna víctima.

Los procesos de responsabilidad son un desatino, y acaban siempre ensalzando al que tratan de perseguir. Lo que yo no entiendo es cómo habiendo aquí tantos que han sido recientemente víctimas y luego beneficiarios de procesos de responsabilidades se enzarcen en otro con el propósito de concluir con una figura política, y con el resultado, claramente previsible, de enaltecerla. ¿Cree nadie que si don Manuel Azaña es un valor en la política española van a anularle en el supuesto, más lejano –y eso lo sabéis todos vosotros, tan buenos abogados–, de que haya Tribunal que le condene por esta absurda acusación sobre el artículo 134, o no sé cuántos, del Código penal, traído por los pelos? ¿Acaso con esto se le anula públicamente? Porque se le imponga una pena de dos años por una tontería de esta naturaleza, ¿creéis que le vais a anular? Con que hubierais descubierto que se había llevado cinco duros ilegítimamente le hubieseis anulado mucho más; no con esta bobada de los dos años y de los portugueses refugiados.